Durante la 48º Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, que terminó el pasado martes, la situación de Venezuela fue muy debatida. En los últimos años, la erosión de la democracia, la represión y persecución política, la violación de controles y equilibrios democráticos y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, se han catalizado en una crisis económica resultando en faltas de comida y medicina. Esto ha llevado a muchas personas a huir del país.

Entre quienes huyeron está Ana, una activista de Venezuela que migró a República Dominicana tras agotar todas las posibilidades económicas que le brindaba su país natal. Otro que también huyó fue Carlos, un defensor de derechos humanos que dejó Venezuela porque temía la persecución y el riesgo por su vida. Ahora vive en Perú. Además de las causas de migración mencionadas, la falta de comida y de los servicios médicos son factores que contribuyen a que la gente se vaya del país.

Igual que Ana y Carlos, casi dos millones de venezolanos han sido forzados a migrar por la región por causas similares. No obstante ⎯como fue detallado en una audiencia en la 168º Sesión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)⎯, su salida de una crisis les está llevando a una serie de vulnerabilidades en los países a los que llegan. “Queremos dejar claro que, si pudiéramos regresar a Venezuela, lo haríamos”, dijo una venezolana migrante en su intervención, “pero eso no es posible en este momento o en un futuro cercano. Queremos un permiso de residencia temporal”.

Sin documentación adecuada, con riesgo de ser deportados y sin poder acceder a permisos de trabajo: sitios demasiado comunes en las vidas de muchos migrantes como las de Ana y Carlos, quienes llegaron a sus países anfitriones por conveniencia económica y proximidad cultural. Desafortunadamente, por las condiciones en Venezuela, muchos no tienen acceso a sus documentos legales antes de irse. Además, debido a las condiciones en este país, puede tomar entre meses y años conseguir sus pasaportes a causa de los problemas burocráticos y legales creados por la crisis. La falta de documentos de identidad podría poner a miles de personas en riesgo de apatridia.

Si países anfitriones como Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Brasil y Perú no les dan a las personas migrantes alternativas viables para obtener la residencia legal, y continúan pidiéndoles documentos que son casi imposibles de conseguir, las dejarán sin otra opción que no sea quedarse en los países sin documentos. Esto limita sus oportunidades económicas y los deja con el miedo constante de ser deportados.

Activistas venezolanos se dieron cuenta de que, en el 2018, República Dominicana había empezado a deportar a migrantes venezolanos. Además, después de que una mujer venezolana contara su historia en una audiencia de la CIDH, fue detenida en la frontera dominicana-haitiana y la mandaron a un centro de detención durante 24 horas. Aunque fue liberada, su arresto es un ejemplo de los patrones de comportamiento que tienen que enfrontar las personas migrantes que buscan una vida fuera de Venezuela. Lo que es peor, es que muchos y muchas venezolanas ni siquiera pueden llegar a otro país, a causa de las barreras impuestas por las autoridades.

La migración forzada de millones de venezolanos y venezolanas es un desafío regional y una crisis humanitaria, pero esto podría ser una oportunidad para coordinar la solidaridad regional desde la mirada de los derechos humanos. Así, debe ser implementado un esfuerzo conjunto de los miembros de la OEA, para proteger los derechos de los migrantes forzados a dejar Venezuela. Un plan de acción potencial podría incluir, entre otras cosas, información mejorada sobre el flujo de migrantes, financiamiento directo para revisar marcos legales y marcos de coordinación entre diferentes partes interesadas y actores, para atender las necesidades de los migrantes, para asegurar sus derechos y para implementar pactos globales de migración.

Estos esfuerzos tienen que incluir las voces de los venezolanos y venezolanas que están en esta situación. Activistas como Ana y Carlos, quienes ahora trabajan con organizaciones nacionales en Santo Domingo y Lima para proporcionar acompañamiento a venezolanos en riesgo de ser deportados, están liderando la pelea por los derechos de los migrantes. En sus propias palabras, “si el inmigrante venezolano no se organiza, está perdido”.

Otros países en Centroamérica están pasando por situaciones similares de deterioro del sistema institucional y social. Es importante recordar que los marcos de derechos humanos regionales, cuando se hacen adecuadamente, pueden aplicar a todas las personas migrantes, a pesar de su estatus, mejorando la capacidad del país anfitrión de decir, “te doy la bienvenida”.

Desafortunadamente, para Venezuela esto es un problema que sólo empeorará. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha predicho que el número de migrantes incrementará tras las recientes elecciones de Venezuela. La necesidad de respuesta es urgente. La OEA cerró su Asamblea General con una resolución sobre Venezuela que manda al “Consejo Permanente identificar, en coordinación con instituciones interamericanas e internacionales, los medios apropiados para apoyar a los Estados miembro que están recibiendo un aumento de migrantes y refugiados venezolanos”. Aún no se conoce cómo este documento será implementado.

*Los nombres de las víctimas han sido acortados para proteger sus identidades.

Por Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe, CEJIL; con contribuciones de Alexandra McAnarney, Directora de Comunicación de CEJIL y Soledad Slowing-Romero, Pasante de Comunicación.