Ginebra, 7 de marzo de 2019.- En la 74ª reunión del Comité Permanente de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolanapresentó su Declaración y Plan de Acción para Personas Provenientes de Venezuela que requieren Protección Nacional e Internacional.
Durante la actividad realizada en Ginebra, entre el 5 y 7 de marzo, Jessica Ramírez, abogada de CEJIL, expuso los documentos elaborados por los integrantes del Grupo de Trabajo: Un compendio que constituye una hoja de ruta para brindar respuestas con enfoque de derechos humanos a la crisis de movilidad humana venezolana que atraviesa la región. ‘’Este material de incidencia reúne e identifica las obligaciones internacionales en torno a migrantes y personas refugiadas, los retos en materia de derechos humanos, así como las acciones específicas requeridas para responder a esta situación con un enfoque centrado en la dignidad de la persona humana’’, explica el compendio.
La exposición se inició con una referencia a la salida masiva de personas de Venezuela quienes abandonan el país a una velocidad sin precedentes en el hemisferio, asentándose principalmente en los países sudamericanos. Allí se destacó que ‘’aunque los venezolanos han encontrado una gran generosidad, también han sufrido diferentes tipos de violencia, discriminación y xenofobia durante sus viajes, así como en sus comunidades de acogida. También han encontrado dificultades para cruzar las fronteras y acceder a los derechos en sus comunidades de acogida, debido a la falta de documentos de viaje y de identidad legal, lo que también provoca un riesgo de apatridia en la región’’.
Ante esto, el Grupo de Trabajo expresó sus preocupaciones a la ACNUR y realizó una serie de sugerencias con el objetivo de contribuir a la revisión de actividades y programas de esta agencia para atender los crecientes flujos de migrantes y refugiados venezolanos:
Solicitar a ACNUR que inste a los Estados a finalizar las prácticas de detención arbitraria e injustificada de migrantes y refugiados y a abstenerse de criminalizar la migración.
Condenar el trato inhumano a los migrantes y refugiados en las zonas fronterizas, las respuestas militarizadas y la separación de familias,
Instar a los Estados de las Américas a utilizar la definición ampliada de la condición de refugiado contemplada en la Declaración de Cartagena.
Solicitar a las organizaciones internacionales, incluida ACNUR, que insistan en la obligación que tienen los Estados de garantizar una respuesta basada en los derechos humanos.
Solicitar a los Estados, ACNUR y otras organizaciones internacionales la elaboración de datos sobre migrantes y refugiados desglosados por género y edad para diseñar programas y políticas públicas.
Garantía y unificación por parte de los Estados de los canales para obtener un estatus de inmigración regular para las personas que ingresan a su territorio.
Peticionar a los gobiernos que se abstengan de responder con políticas de inmigración restrictivas que violan las obligaciones internacionales de los Estados.
Solicitar a los Estados y organizaciones internacionales que envíen un mensaje a la opinión pública con la intención de prevenir la discriminación, la violencia y la xenofobia contra la población migrante y refugiada.
Manifestar preocupación ante algunos Estados que han impuesto requisitos de inmigración que son imposibles de cumplir para un gran número de migrantes y refugiados..
Destacar que algunos Estados han desarrollado vías legales para que las personas accedan a su territorio. Se solicita que estas formas complementarias de protección continúen siendo efectivas y no sean restrictivas a otras formas más permanentes de protección.
Solicitar a los Estados de la región, a ACNUR y a todas las partes interesadas involucradas para que desarrollen respuestas a las situaciones de migrantes y refugiados con un enfoque diferencial, teniendo en cuenta la edad, el género, la raza, la orientación sexual y cualquier otra forma de diversidad humana.
Condenar la violencia de género contra los migrantes y refugiados, y la falta general de acceso a los derechos, incluida la salud sexual y reproductiva, y el acceso a la justicia para las mujeres migrantes y refugiadas.
Solicitar a ACNUR y a los Estados que tomen en consideración a la población desplazada interna en el desarrollo de políticas de integración local y procesos presupuestarios.
Requerir ACNUR y otras organizaciones internacionales que soliciten recursos económicos para responder a las situaciones de migrantes y refugiados en las Américas
Solicitar a los Estados que garanticen, en igualdad de condiciones, el acceso a los derechos sociales.
Manifestar preocupación por los riesgos crecientes de apatridia y el derecho a una nacionalidad en el contexto del desplazamiento forzado en las Américas, especialmente en relación con los niños y las minorías raciales.
Peticionar a ACNUR que apoye a los Estados en la implementación de soluciones regionales y duraderas que garanticen la voluntariedad, la seguridad y el respeto y el pleno disfrute de los derechos humanos de los migrantes y los refugiados.
Finalmente, la representante del Grupo de Trabajo destacó que en el Plan de Acción incluido en el compendio se pueden encontrar más de 300 recomendaciones específicas, dirigidas a los Estados, Sociedad Civil y organizaciones internacionales.
Conformado por 43 organizaciones de sociedad civil de las Américas y el Caribe, el Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana se consolidó en 2018 con el objetivo de seguir de cerca la situación de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela, y así poder brindar una respuesta coordinada y con perspectiva de derecho a las más de 3 millones de personas que han dejado el país bolivariano.
