Integrantes del Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana, presentaron este jueves 25 de abril en Bogotá, su Plan de Acción de Sociedad Civil para Personas Migrantes y Refugiadas Provenientes de Venezuela que requieren Protección Nacional e Internacional, en una actividad que contó con la presencia de representantes de migración Colombia, medios de comunicación, organizaciones sociales, migrantes y solicitantes de asilo venezolanas y público en general.

El documento elaborado durante 2018, consiste en una hoja de ruta con más de 300 acciones y recomendaciones hacia los Estados, organismos internacionales y la sociedad civil, para responder de manera coordinada y con un enfoque de derechos humanos a los crecientes flujos de personas provenientes de Venezuela en las Américas.

Además, propone acciones diferenciales para distintos grupos poblacionales en contexto de movilidad humana que, ‘’adicional a las vulnerabilidades que acompañan a las personas migrantes y refugiadas, convergen en ellas múltiples factores de discriminación como: género, raza, etnicidad, orientación sexual, edad, entre otros’’. Así, mujeres, niñas y niños, personas LGBTI+, adultos mayores y poblaciones indígenas, tienen un apartado especial donde se recomienda cómo garantizar una migración segura y en pleno respeto de los derechos humanos de estos grupos.

”El Plan de acción que hoy presentamos es el trabajo de 44 organizaciones de la sociedad civil”, destacó el Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, Francisco Quintana, durante la inauguración de la actividad. Además,  se refirió al objetivo que pretende cumplir esta publicación y enfatizó que “son acciones que la sociedad civil ha planteado para monitorear y apoyar a los Estados, o para verificar si se están violentando derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanos en los países a los que han llegado”.

Es que “a pesar de los esfuerzos estatales y comunitarios, existe dificultad para el acceso de las personas migrantes a sus derechos fundamentales y servicios estatales , lo que impide que se puedan integrar de manera efectiva a las comunidades de acogida (…) Es necesario reconocer y combatir riesgos de apatridia” continuó el oficial del  Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe, Luis Carlos Rodríguez.

Prosiguiendo con la actividad, la abogada de CEJIL, Jessica Ramírez, se refirió a las personas  refugiadas, para quienes afirmó que “es preciso aplicar la Declaración de Cartagena. Pedimos que se reconozca de manera regional y coordinada su aplicación’’. Además, Ramírez hizo mención a que »la migración tiene consecuencias positivas para los Estados», como así también la regularización  de las personas en situación de movilidad humana.

Por su parte, el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Marco Romero, afirmó que “La situación de Venezuela es un tema de alto impacto, pero de poca respuesta” y destacó como uno de los grandes problemas para brindar soluciones efectivas, la falta de capacidad para articular una respuesta entre los diferentes Estados. Al respecto, enunció que “la sociedad civil tiene como reto de ver cómo hace incidencia para que los gobiernos cumplan sus compromisos internacionales».

De la actividad también participó al Jefe de Oficina de Planeación de Migración Colombia, Juan Camilo González, quien se refirió a la crisis migratoria venezolana como la segunda más grande del mundo,  después de Siria y Turquía y, ante esto, remarcó la necesidad de “generar acciones que permitan la integración social de los migrantes venezolanos en Colombia”, quienes “pueden generar aportes muy positivos».

En los últimos dos años, más de 3,7 millones de personas han abandonado Venezuela, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De estas, cerca de 1.2 millones de personas están radicadas en Colombia, país que ha acogido al mayor número de personas migrantes y refugiadas venezolanos.

“Esto requiere una acción conjunta de carácter regional y no podemos tener diferencias grandes de las medidas que se toman entre los países, porque lo que genera es más irregularidad en las migraciones, mayor vulnerabilidad de las poblaciones que migran y transitan entre los territorios. Allí lo que se requiere son medidas de facilitación y de tránsito, estadía y permanencia de los migrantes en los territorios con la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los países de poder atenderlas”, sentenció el funcionario González.

Por último, dos mujeres venezolanas -una migrante en Colombia y otra solicitante de la condición de refugiada en el mismo país-, quienes pidieron mantenerse en el anonimato, contaron sus historias; la primera de ellas se refirió a las dificultades con las que se ha ido topando en este camino, principalmente en cuanto al racismo y la xenofobia, y afirmó: “Nosotros no vinimos a quitarle el trabajo a nadie, su espacio. Vinimos a construir, a dejar algo“.

Con el objetivo de llevar el Plan de Acción a toda América, el martes próximo el documento será presentado en Perú, segundo país que más personas migrantes y refugiadas de Venezuela ha recibido.

En este sentido, el Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana continuará trabajando en pos de contribuir a garantizar una movilidad humana segura y con pleno respeto a los derechos humanos de cada una de las personas que huyen de la crisis política económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela.