Ante la falta de opciones de trabajo en Venezuela, la necesidad apremiante de darle de comer a sus hijos y la ilusión de recibir atención médica por un quiste en un seno, Yolanda* aceptó un trabajo que le ofrecieron en Colombia que consistía en vender café en las calles de Cúcuta, una ciudad fronteriza. Viajó con su hija de cinco años y un bebé de brazos. Al llegar, el hombre que la recibió le informó que, en realidad, la prostitución iba a ser su forma de trabajo.

El de Yolanda es uno de los típicos casos de trata de personas en los que mediante engaño y, en medio de sus condiciones de vulnerabilidad, las personas aceptan una oferta, son trasladadas de un sitio a otro y en el lugar al que llegan son explotadas con distintos fines, incluida la explotación sexual. Pese a ello, las autoridades colombianas desestimaron que fuera víctima de trata de personas y devolvieron a Yolanda y a sus hijos a Venezuela, una práctica que hemos visto también en otros casos.

En uno de nuestros viajes a la frontera conocimos esta historia que refleja las causas estructurales que facilitan la trata de personas y que afecta particularmente a las mujeres. Como muestra CEPAZ en un post reciente en el que analiza las condiciones en las que se produce la migración de las mujeres venezolanas, la falta de acceso a servicios básicos como alimentación, salud y oportunidades económicas para subsistir, pone a las mujeres en situación de vulnerabilidad y las expone, entre otros, al riesgo de caer en las redes de trata de personas.

Este caso también muestra las fallas del Estado colombiano en la identificación de las víctimas de trata de personas, situación que hemos denunciado en Women’s Link. En 2017, cuando lanzamos el informe Víctimas de Trata en América Latina: entre la desprotección y la indiferencia, alertábamos sobre la necesidad de capacitar periódicamente a los funcionarios de las fuerzas de seguridad, judiciales, de migración, trabajadores sociales y funcionarios consulares, entre otros, sobre cómo identificar a las víctimas de trata de personas, en sus diferentes modalidades, y en la necesidad de darles claridad sobre cómo proceder para atenderlas integralmente una vez sean identificadas.

Esa recomendación es ahora tan válida como entonces, porque sabemos que en este momento en que gran cantidad de personas venezolanas huyen de la crisis humanitaria en ese país y buscan protección en los diferentes países de América Latina, las autoridades solo ven migrantes en situación administrativa irregular, y, por falta de conocimiento, pocas veces se detienen a analizar si entre ellas hay potenciales víctimas de trata. Esto a pesar de que varios organismos internacionales como ACNUR y la CIDH han advertido que muchas personas venezolanas están migrando forzadamente del país y requieren protección internacional.

La consecuencia inmediata de la no identificación de víctimas de trata es que no se les atiende como es debido. Como nadie las ve, no se les ofrecen los servicios que requieren para recuperarse: centros de acogida y servicios de salud física y psicológica, entre otros.

Cuando las víctimas de trata son mujeres, las afectaciones son particulares porque se reflejan en sus cuerpos y en su capacidad para tomar decisiones sexuales y reproductivas. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de personas afecta principalmente a las mujeres y a las niñas, quienes en su mayoría son captadas con fines de explotación sexual.

En Women’s Link acompañamos el caso de Damaris*, una mujer venezolana que decidió migrar para buscar mejor futuro en Colombia. Inició sola su travesía. En el paso fronterizo fue captada por desconocidos y llevada a una casa, en Colombia, en la que se encontraban retenidas otras mujeres venezolanas. Quienes la captaron la obligaron a realizar servicios domésticos y la sometieron a violencia sexual durante diez días, tiempo durante el cual no tuvo ninguna posibilidad de salir del lugar. Tras un rumor de un operativo policial, los tratantes liberaron a las víctimas que quedaron abandonadas a su suerte.

Ninguna autoridad acudió al lugar ni se preguntó qué había pasado con las mujeres que antes habitaban ahí. Por el temor que le generaba ser expulsada hacia su país debido a su situación migratoria, Damaris tampoco acudió a ninguna autoridad a contar lo que le había ocurrido. Como nadie la identificó como víctima de trata, no pudo tener acceso a la atención integral en salud que por ley está prevista para quienes han sido víctimas de violencia sexual, como ella. De haberlo hecho, le hubieran podido ofrecer la anticoncepción de emergencia prevista para estos casos, una medida que hubiera podido evitar el embarazo del que más tarde se enteró cuando estaba sola en Bogotá.

En razón a la falta de información, Damaris tampoco tenía conocimiento de que en Colombia, en caso de requerirlo, las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo cuando éste es producto de violación, entre otras circunstancias. Si bien Damaris pudo acceder a la interrupción del embarazo, el acompañamiento que hemos hecho de este y otros casos nos muestra las deficiencias en la atención integral a las víctimas de trata, incluidas las deficiencias en la atención a su salud sexual y reproductiva.

Desde Women’s Link seguiremos insistido en que la trata de personas debe entenderse como una grave violación de derechos humanos pues si se aborda con un enfoque exclusivo de persecución del delito, las víctimas quedan totalmente desprotegidas y sus derechos a la vida, a la integridad, a la salud, entre otros, completamente anulados.

Las mujeres venezolanas víctimas de trata no son solo víctimas de esta grave vulneración de derechos humanos. También son víctimas de un continuo de violencias estructurales que comienza en Venezuela, exacerbadas en el contexto de emergencia humanitaria que atraviesa actualmente el país, y que desafortunadamente se mantienen a lo largo de su trayecto migratorio. Restablecer todos los derechos que les han sido vulnerados, incluido el derecho a la salud y a no imponerles maternidades forzadas, es una obligación de todos los Estados.

* Nombres cambiados para proteger la identidad de las mujeres.

Por. Selene Soto y Ana Margarita González, abogadas de Women’s Link Worldwide