por Fernanda Gutiérrez Merino, Coordinadora del Proyecto de Asistencia Legal, Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, Universidad Diego Portales
En abril de 2018 el Presidente Sebastián Piñera anunciaba la creación de una visa de Responsabilidad Democrática para personas venezolanas que les permitiría venir a Chile con permiso de trabajo y residir por un año para luego solicitar una residencia definitiva, si así lo estimaran conveniente. La creación de la visa, Sebastián Piñera la justificó con la necesidad de asegurar una migración regular para los nacionales de Venezuela. El anuncio se hizo promocionando que Chile esperaba a los[las] hermanos[as] venezolanos[as] con los brazos abiertos.
Posteriormente, a la medida anterior, se sumó la extensión de los documentos de identidad venezolanos que hayan sido emitidos desde el 2013. Así, todo parecía ir miel sobre hojuelas y así quisiéramos que fuera. ¿El problema? La Cancillería Chilena no aumentó la capacidad consular de Chile en Venezuela provocando gran dilatación en la tramitación de la visa en cuestión, así aumentó la desesperación de las familias por reunificarse al punto se preferir venir con visa de turismo para luego modificar su situación migratoria a residencia temporal.
Al no lograr el objetivo, de controlar el ingreso de las personas venezolanas que buscaban residir en el país, sin previo aviso, en junio de 2019 Chile implementa –con efecto inmediato- la exigencia de una visa consular de turismo provocando caos en las fronteras del país con personas que realizaron viajes de días sin saber que no les permitirían ingresar. Con centenares de personas acampando en las fronteras, clamando por refugio para que les permitieran ingresar a Chile y poder reunificarse con sus familiares, el Gobierno de Chile decide hacer oídos sordos e ignora tanto a las personas, su normativa interna sobre asilo, la normativa internacional a la que ha suscrito y ratificado y, la Nota de Orientación sobre Consideraciones de Protección Internacional para los Venezolanos del ACNUR, de mayo 2019, que señala que para el Alto Comisionado la mayoría de las personas nacionales de Venezuela se encuentran necesitadas de protección internacional bajo el criterio contenido en la Declaración de Cartagena, por lo que hace un llamado a aplicarla.
La migración y necesidades de la personas venezolanas no han mermado, así lo comprobó la OEA en abril del presente año en su informe Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Chile, en el que le indica al Estado de Chile que “los venezolanos huyen de la violencia generalizada, alteración del orden público, violación de los derechos humanos y crisis humanitaria. En este sentido, se considera que los venezolanos deberían recibir la condición de refugiado, según la Declaración de Cartagena”.
Hoy conmemoramos un nuevo Día Internacional de las Personas Refugiadas, y la verdad es que cuesta vivir este día con orgullo como defensora de los derechos de la personas refugiadas en Chile. El Sistema de reconocimiento de la condición de refugiado[a] tiene múltiples falencias, como el rechazo en frontera de personas que solicitan ingresar al país bajo esa condición, la negativa de ingreso al procedimiento de manera expedita, negativa de acompañamiento legal durante el procedimiento, consistente archivo de solicitudes por notificaciones de entrevista de elegibilidad fallidas, y rechazo de la condición de refugiado[a] sin argumentación resolutiva.
Las falencias mencionadas desembocan en que el año 2019 sólo se ingresaron al procedimiento 13% de solicitudes en relación al año 2018, de las cuales sólo el 21% correspondió a personas venezolanas posicionándolas como la tercera nacionalidad. Se archivaron 2.681 solicitudes por presuntos abandonos al procedimiento. Todo esto, a pesar de que la situación regional de las personas necesitadas de protección internacional no mejora, sino que todo lo contrario.
Por último, es importante mencionar que la situación de la pandemia en el país ha desmejorado profundamente las condiciones de vida de las personas migrantes y solicitantes de asilo, lo que ha provocado la instalación de campamentos improvisados en las afueras de los consulados de distintos países. Así mismo, las solicitudes hacia las autoridades de vuelos humanitarios ha sido la tónica en la región en general. Sin embargo, Chile ha sido el único país que ha implementado un plan de retorno asistido que obliga a las personas que deseen acogerse a firmar una cláusula que restringe su regreso a Chile por un periodo de 9 años.
Parece justo entonces preguntarnos… ¿Es Chile un país de brazos abiertos?